El reto de la ordenación de los montes privados en España

Resumo

En este trabajo se analiza la situación actual de los montes privados en España, cuya importancia queda reflejada en el hecho de que ocupan algo más de 19 millones de ha, lo que representa cerca del 70% de la superficie forestal nacional. Además, un 84% de esa superficie forestal privada corresponde a propietarios particulares en régimen individual (montes privados familiares), un 12% a montes privados colectivos, un 3% a montes vecinales en mano común y escasamente un 0,6% a montes privados industriales. Esta distribución de la propiedad forestal privada en España, junto a su importancia superficial, implica la existencia de más de 21,5 millones de parcelas, que corresponden a algo más de 5,2 millones de propietarios, y de las cuales prácticamente el 99% son menores de 10 ha. Tales cifras implican unos evidentes condicionantes (legales, administrativos y de escala) para la gestión sostenible de este tipo de montes. Uno de ellos es la inadecuación de las figuras de los documentos de ordenación vigentes en la mayor parte del estado, lo que ha desembocado en que solamente un 6,5% de los montes de titularidad privada españoles cuenten actualmente con algún tipo de instrumento de ordenación. Esta situación supone un enorme reto para el sector forestal nacional, especialmente teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley de montes estatal de 2003 y en su modificación de 2006, que establecen un plazo de 15 años desde su entrada en vigor para la ordenación de todos los montes españoles (públicos y privados), que acaba el 22 de febrero de 2019. Además, en la Ley se establece otro importante plazo de 10 años, que remata el 22 de febrero de 2014, pasado el cual los montes privados no ordenados no podrán acogerse a los incentivos de las administraciones públicas, salvo que se incluyan en el territorio de un plan de ordenación de recursos forestales(PORF). Se comentan las diferentes soluciones aportadas desde las distintas comunidades autónomas (especialmente las de Cataluña, Navarra, Castilla y León y Andalucía) para tratar de ordenar y gestionar adecuadamente sus montes de titularidad privada, que generalmente se basan en simplificar los documentos (sobre todo el inventario) y flexibilizar la planificación, apoyándose en la existencia de planes forestales comarcales o PORFs y en las nuevas tecnologías. También se discute el papel que la certificación forestal ha tenido y puede tener en el futuro en la ordenación de este tipo de propiedades forestales. Finalmente, como ejemplo paradigmático del desafío que supone la ordenación de montes privados, se analiza el caso de Galicia, comunidad con el mayor porcentaje de superficie forestal privada (97,8%) del estado. Dos terceras partes de los montes privados gallegos corresponden a montes familiares de menos de 2 ha de tamaño medio (que a su vez se dividen en numerosas parcelas cuya superficie media no alcanza las 0,25 ha), y el resto a montes vecinales en mano común (con un tamaño medio próximo a las 230 ha). A pesar de esta desfavorable estructura de la propiedad, Galicia aporta anualmente más del 50% de la madera cortada en España, aunque su territorio apenas supone un 5,8% de la superficie total nacional. Se comentan las nuevas figuras de instrumentos de ordenación y gestión forestal que se incluyen en la reciente Ley de montes de Galicia de 2012, que además del conocido proyecto de ordenación considera documentos simples de gestión para las propiedades de pequeño tamaño, así como documentos compartidos para fomentarlas agrupaciones de propietarios. Además, se avanzan detalles de las futuras instrucciones de ordenación gallegas, que describirán y desarrollarán dichas figuras.