Potencialidades de la descentralización fiscal en Venezuela

Abstract

En Venezuela, aún cuando las disposiciones constitucionales que permitían la descentralización permanecieron por décadas sin ser desarrollas, la crisis económica y la pérdida de dinamismo de la sociedad, que se manifiesta a partir de la caída del signo monetario en febrero de 1983, condujo a que en el período siguiente se planteara la necesidad de introducir modificaciones sustanciales en el funcionamiento del Estado. A fines de 1984, el Presidente Jaime Lusinchi creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), que entre otras, propuso que se pusiera en vigor la norma constitucional (artículo 22) que permitía la elección de los gobernadores de Estado, lo cual condujo a la sanción de la Ley sobre elección y remoción de los Gobernadores de Estado, sancionada en abril de 1989 y a la elección de estos funcionarios por primera vez en Venezuela, en diciembre del mismo año. Esta reforma tendría un efecto desencadenante del proceso de descentralización en lo político, en lo administrativo y en lo financiero. Asimismo, sugirió que se iniciara la transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los Estados y Municipios como preveía el artículo 137 de la Constitución entonces vigente (1961), de donde resultó la promulgación de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y transferencias del Poder Público, en diciembre de 1989 que regula aspectos fundamentales en materia de transferencia de competencias, de servicios y de recursos. Los procesos de transferencias de competencias se cumplieron en una medida importante, pero en cuanto a la transferencia de servicios, el problema de los pasivos laborales de los funcionarios nacionales, que pasarían a ser entonces, estadales, impidió que los Estados asumieran plenamente los servicios que habían solicitado. En realidad, el mayor éxito de la descentralización estuvo en la transferencia de recursos: los estados y municipios incrementaron su participación en el ingreso